En la madrugada del 7 de marzo, un operativo conjunto entre la Sedena y la Semar logró asegurar propiedades vinculadas a políticos locales, revelando un posible vínculo con actividades ilícitas.
La madrugada del 7 de marzo, un operativo conjunto de la Sedena y la Semar se desplegó en diversas propiedades de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, así como su padre Ramiro Margarito González, quienes ocupan cargos políticos en varios municipios poblanos. Según los informes oficiales, los cateos comenzaron alrededor de las 8:00 horas, en donde se aseguraron varias viviendas en la localidad de Tlachichuca.
La acción más significativa ocurrió en un rancho en Chalchicomula de Sesma, propiedad de Uruviel Vieyra, actual edil por el partido Movimiento Ciudadano (MC). En el lugar, se encontraron armas largas, posibles dosis de drogas y aves exóticas, lo que generó preocupación sobre su vinculación con actividades ilegales.
Además, elementos de la policía estatal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla retuvieron a los familiares políticos de los funcionarios locales, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para esclarecer su situación jurídica y su posible participación en delitos como secuestro y extorsión.
La Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso, aunque aún no se han emitido detalles oficiales sobre el futuro de los implicados.
La acción más significativa ocurrió en un rancho en Chalchicomula de Sesma, propiedad de Uruviel Vieyra, actual edil por el partido Movimiento Ciudadano (MC). En el lugar, se encontraron armas largas, posibles dosis de drogas y aves exóticas, lo que generó preocupación sobre su vinculación con actividades ilegales.
Además, elementos de la policía estatal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla retuvieron a los familiares políticos de los funcionarios locales, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para esclarecer su situación jurídica y su posible participación en delitos como secuestro y extorsión.
La Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso, aunque aún no se han emitido detalles oficiales sobre el futuro de los implicados.
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