En México, niños y adolescentes son cada vez más reclutados por cárteles del narcotráfico, convirtiéndose en "pollitos de colores" para realizar labores como halcones, sicarios y mulas.

En México, la problemática del reclutamiento infantil por parte de los cárteles de droga ha crecido significativamente, sobre todo en comunidades marginadas y con altos índices de violencia. Los niños y adolescentes se ven atrapados en un ciclo de pobreza y exclusión que facilita su incorporación a las redes criminales. En este contexto, surge un término utilizado por los criminales para referirse a ellos: "pollitos de colores".

Los "pollitos de colores" son crías de gallina pintadas con colores brillantes que, en ferias y tianguis, se venden de manera ilegal. Este nombre ha sido adoptado por los cárteles para designar a los menores que son reclutados para trabajar en labores de halconeo, tráfico de drogas o incluso como sicarios.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el reclutamiento comienza a edades tan tempranas como los nueve o diez años, cuando los menores se incorporan a las filas como informantes. Con el paso del tiempo, y tras recibir entrenamiento, estos niños y niñas van ascendiendo dentro de la estructura criminal.

A los 12 años, muchos de ellos se convierten en vigilantes en casas de seguridad, donde se encargan de cuidar a las víctimas de secuestro. Para los 14 o 16 años, algunos de estos niños ya están preparados para desempeñar roles más violentos, como sicarios o encargados de la venta de drogas.

La falta de un marco legal robusto y efectivo que proteja a la infancia mexicana de estos grupos criminales es un factor crucial en el crecimiento de este fenómeno. La Redim estima que entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados debido a factores como la pobreza, la violencia y la falta de acceso a oportunidades.

Este fenómeno es una grave preocupación para las autoridades y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes insisten en la necesidad urgente de implementar medidas eficaces para proteger a los menores y garantizar que no sean explotados por el crimen organizado.