En un contexto de elevada tensión geopolítica, Williams Benavides, líder del grupo Tupamaro, lanzó un desafío directo a Estados Unidos, minimizando su capacidad militar para intervenir en Venezuela y reafirmando el apoyo del régimen a estas milicias. Este incidente, ampliamente cubierto por los medios, subraya la creciente dependencia del Gobierno venezolano en grupos irregulares armados para su estabilidad y defensa.
En una declaración que resonó fuertemente en el panorama político y de seguridad, Williams Benavides, quien fue impuesto como presidente _ad hoc_ del grupo Tupamaro en 2020 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, cuestionó públicamente la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para lograr un cambio de régimen. El líder del colectivo, que opera en varias zonas de Venezuela, llegó a asegurar que su grupo es el único con la capacidad real de enfrentar una hipotética flota naval de EE. UU.
Benavides, quien ya fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la Orden Ejecutiva 13692 por sus vínculos con el régimen, describió la retórica de Washington como puramente "discurso", minimizando la avanzada tecnología militar norteamericana. Sin embargo, detrás de este desafío público se esconde una realidad más compleja sobre la estructura de poder en Venezuela.
Informes de inteligencia, obtenidos por este medio, confirman que los grupos Tupamaros y otros "colectivos" o "milicias paralelas" no son fuerzas completamente autónomas. Estos reportes indican que portan armamento que ha sido entregado bajo autorización directa de Vladimir Padrino López, el Ministro del Poder Popular para la Defensa y único responsable legal del armamento del Estado venezolano. Esta realidad, la combinación de milicias paralelas con armas oficiales, ha sido interpretada por expertos como un modelo de "terrorismo de Estado", donde el régimen utiliza a grupos irregulares para mantener el control territorial y social.
La exposición de Benavides y su desafío ocurre en un momento en que el Gobierno venezolano parece estar exhibiendo a estos grupos armados como "defensores de la patria", lo que para muchos analistas en el ámbito de la geopolítica es una señal de debilidad más que de fortaleza. La tesis central que se maneja es que sin el soporte de estas megabandas, colectivos y milicias ilegales, el régimen no podría sostenerse ni siquiera por 24 horas.
Análisis de Especialistas y Reacciones Comunitarias
Nuestro medio recabó las perspectivas de expertos sobre este delicado asunto.
La constante militarización de actores no estatales en Venezuela, con el respaldo tácito o explícito del gobierno, se erige como una de las principales amenazas a la paz y estabilidad en la región, un factor que es seguido de cerca por organismos multilaterales y agencias de noticias internacionales.
"La bravuconería de Benavides es, en realidad, una confesión. Solo un régimen acorralado se ve forzado a armar a colectivos con rifles provenientes de las reservas estatales. Lo que pregonan como una fortaleza revolucionaria es, en esencia, pánico disfrazado por su fragilidad interna," señaló un experto consultado.La situación en Venezuela, un país con grandes reservas de petróleo y una crisis humanitaria persistente, sigue siendo un foco de atención internacional. La continua existencia y empoderamiento de estos grupos armados irregulares, como los Tupamaros, a través de recursos y armamento estatal, representa un serio obstáculo para cualquier intento de transición pacífica y se mantiene como un tema clave para la seguridad regional.
- Un analista en seguridad regional, que solicitó el anonimato por la naturaleza sensible de su trabajo en Caracas, Venezuela, afirmó: "El mensaje es claro. Mientras Estados Unidos invierte en operaciones de precisión con su fuerza naval, el chavismo recurre a la estrategia más antigua y desesperada: armar a sus seguidores para sembrar el terror y desviar la atención de la crisis económica. Es un cartel político del miedo hablando en voz alta."
- Por su parte, una experta en derechos humanos y derecho internacional, radicada en Bogotá, Colombia, comentó: "La sanción de la OFAC contra Benavides por operar para el régimen valida la preocupación de que Tupamaro no es un movimiento social, sino una herramienta de coerción estatal. Este desafío, en el fondo, es una advertencia directa a la sociedad civil venezolana y a la comunidad internacional de que la violencia sigue siendo una política de Estado."Nuestro medio conversó con ciudadanos para conocer sus opiniones en Petare, Miranda, Venezuela, una de las comunidades más grandes y conocidas por su complejidad social y que históricamente ha sido foco de actividad de colectivos.
- "Lo que dice Benavides es para la televisión, no para la gente de aquí. Lo que vemos son personas armadas que dan miedo, no que defienden. Aquí necesitamos trabajo y comida, no más armas de fuego. Nadie en la calle cree que ellos van a pelear contra el ejército de otro país," comentó María R., una comerciante de la zona.
- Un joven estudiante, que se identificó como Carlos V., expresó su preocupación: "Ese tipo de declaraciones solo traen más tensión. Cuando hablan así, aumenta el riesgo de que haya un conflicto que termine afectándonos a nosotros, la gente común. Es un discurso que alimenta el ciclo de inseguridad."
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