Durante la madrugada de este jueves 22 de enero, fuerzas federales concretaron la detención de Carlos Alejandro “N”, también identificado como César “N”, alias “El Botox”, señalado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya. El operativo se desarrolló en la localidad de Apatzingán, municipio del mismo nombre, en el estado de Michoacán, México, una región marcada por la disputa del control territorial y la presión criminal sobre el sector agrícola.
De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el detenido es investigado por extorsión sistemática contra productores limoneros y por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo, uno de los líderes del gremio en la zona. Las autoridades lo consideran un objetivo prioritario debido a su capacidad operativa y a la violencia empleada para imponer control.
El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, detalló que la captura fue resultado de un trabajo prolongado de inteligencia.
“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán; al ingresar a uno de los domicilios donde se le tenía ubicado, intentó huir, pero una de las compañeras logra su detención”, explicó.
Las investigaciones indican que “El Botox” contaba con más de 10 órdenes de aprehensión y utilizaba explosivos para intimidar a sus víctimas. Además, se le atribuyen alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que incrementó el nivel de riesgo durante su localización.
Entre los indicios asegurados durante acciones previas se encuentran:
- Artefactos explosivos de fabricación casera
- Documentación vinculada a propiedades rurales
- Dispositivos de comunicación
Fuentes de seguridad señalaron que el ahora detenido habría intentado llamar la atención internacional al solicitar, de manera indirecta, la intervención de Donald J. Trump en México, una versión que forma parte de las líneas de investigación. Productores y habitantes de Apatzingán expresaron alivio, mientras especialistas subrayaron que el caso refleja la necesidad de mantener la coordinación interinstitucional para debilitar las redes de extorsión en la región.
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