Un fatal accidente automovilístico ocurrido el pasado domingo en la localidad de Morelos, ubicada en la región conocida como el Triángulo Dorado en el estado de Chihuahua, México, ha escalado a un nivel de tensión diplomática. El siniestro cobró la vida de cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, un elemento del Ministerio Público y dos trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en México.
El suceso tuvo lugar a las dos de la mañana, cuando la camioneta en la que viajaban derrapó y cayó por un barranco de más de 200 metros. El grupo formaba parte de un convoy de cinco vehículos que regresaba de un operativo en la comunidad de El Pinal, donde se aseguró uno de los centros de producción de droga más grandes registrados en la historia reciente del país.
"No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando que cualquier colaboración extranjera en materia de seguridad debe ser autorizada por el Gobierno de México.
Por su parte, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, intentó aclarar la situación afirmando que los agentes estadounidenses no participaron en el operativo de desmantelamiento, sino que se encontraban en la comunidad de Polanco brindando capacitaciones sobre el manejo de drones. Según la versión oficial del estado, el director Oseguera los recogió para trasladarlos hacia la capital para que tomaran un vuelo de regreso.
Detalles del decomiso en el narcolaboratorio:
- 15 hornos industriales.
- 69 tambos contenedores de mil litros cada uno.
- 14 depósitos de acetona.
- 14 depósitos de material blanco no identificado.
- Más de 100 cilindros de gas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía local participaron en la incursión de este recinto de 850 metros cuadrados. Sin embargo, la presencia de personal extranjero ha generado dudas sobre si la administración de Donald J. Trump está estableciendo vínculos directos con gobiernos estatales, saltándose los protocolos federales de soberanía.
La comunidad internacional y expertos en seguridad observan con cautela este evento, mientras el Gobierno de México espera un informe detallado tanto de las autoridades de Chihuahua como del Departamento de Estado estadounidense para esclarecer la naturaleza exacta de la misión de sus agentes en una de las zonas más peligrosas de la Sierra Madre Occidental.
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