Han transcurrido sesenta días desde que el operativo federal en la localidad de Tapalpa, Jalisco, culminara con el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Pese a la magnitud del evento, las investigaciones coordinadas por la Fiscalía General de la República parecen haberse estancado en el procesamiento de apenas dos individuos, identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, presuntos escoltas del capo.
Ambos detenidos fueron vinculados a proceso el pasado 1 de marzo bajo cargos de portación de armamento exclusivo de las Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. No obstante, el silencio institucional impera respecto a otras ramificaciones del caso, especialmente aquellas que apuntan a la posible colaboración de funcionarios públicos con la estructura criminal y la alarmante sustracción de evidencia en el sitio del enfrentamiento.
“La falta de aseguramiento inmediato de los inmuebles permitió el ingreso de personas ajenas, lo que comprometió gravemente la cadena de custodia”, han señalado fuentes cercanas al proceso jurídico.
El saldo de aquella jornada del 22 de febrero de 2026 fue devastador para el orden público en el país. El Gobierno de México, a través de Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, documentó una cifra crítica de violencia:
- 252 bloqueos e incendios de establecimientos en 20 estados.
- 27 agresiones directas contra fuerzas federales.
- 60 personas fallecidas, incluyendo 25 elementos de la Guardia Nacional.
- 70 detenciones efectuadas en siete entidades federativas.
La repercusión social también alcanzó puntos neurálgicos del turismo religioso. En el municipio de San Juan de los Lagos, donde anualmente convergen millones de peregrinos, la quema de al menos 60 vehículos dejó a miles de visitantes varados. Muchos buscaron refugio en la basílica local mientras las vías de acceso eran consumidas por el fuego provocado por células delictivas.
Expertos como Jorge Ramírez Plascencia sugieren que, aunque la organización ha sufrido un golpe simbólico y operativo, su control territorial en regiones como Los Altos de Jalisco se ha cimentado sobre la debilidad de otros grupos. No obstante, la vulnerabilidad mostrada por las instituciones en el resguardo de la escena del crimen en Tapalpa plantea serias dudas sobre la viabilidad de futuras sentencias condenatorias basadas en las pruebas recolectadas.
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