Durante años, una sofisticada infraestructura de protección institucional permitió que el Cártel de Sinaloa operara de manera abierta en territorio mexicano. Esta red de colusión facilitó el tráfico de cargamentos de fentanilo valorados en miles de millones de dólares hacia los Estados Unidos, consolidando a la organización como uno de los conglomerados delictivos más poderosos a nivel global.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times, el mecanismo criminal funcionaba mediante la cooperación sistemática de autoridades locales, estatales y federales. Estos elementos no solo permitían el libre tránsito de cargamentos ilícitos y armamento, sino que además brindaban resguardo a los principales líderes y ejecutaban detenciones selectivas en contra de células rivales.
Señalamientos desde la justicia estadounidense
El entramado alcanzó un nuevo nivel de exposición tras la acusación formal presentada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Dicho documento vincula de forma directa a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, junto a otros nueve servidores públicos de la entidad. Las indagatorias norteamericanas sugieren la existencia de una red de sobornos y acuerdos políticos diseñados para dar continuidad a las operaciones ilícitas en la región costera del Pacífico.
Los reportes de las agencias de seguridad indican que la facción de los "Los Chapitos", liderada por los descendientes de Joaquín Guzmán Loera, intervino de forma violenta en el proceso electoral del año 2021. Las acciones delictivas incluyeron la sustracción de paquetería electoral y la privación ilegal de la libertad de aspirantes de la oposición para favorecer el ascenso político de Rocha Moya. Posteriormente, ya en funciones, el mandatario habría designado a mandos afines en posiciones estratégicas de seguridad local.
"A pesar de registrarse más de 200 denuncias formales por coerción armada y agresiones a candidatos durante la jornada electoral, los organismos correspondientes catalogaron los eventos como sucesos aislados, ratificando el triunfo electoral del ejecutivo estatal."
Operación interna y claves de acceso
Los testimonios recabados en territorio mexicano por la periodista Paulina Villegas detallan los engranajes de este pacto. Cuatro integrantes activos de la organización criminal explicaron, bajo condición de anonimato, que las corporaciones policiacas municipales funcionaban como apéndices operativos del cártel, entregando delincuentes rivales a la facción y alertando sobre el despliegue de operativos de las fuerzas federales en zonas rurales dedicadas a la manufactura de estupefacientes sintéticos.
Un miembro de la organización en Culiacán detalló que las frecuencias de comunicación y los dispositivos móviles eran provistos directamente para coordinar la entrega de supuestos transgresores a mandos policiales. Asimismo, otro colaborador del grupo criminal confirmó que sectores adscritos al ejército mexicano mantenían vigentes salvoconductos en retenes carreteros mediante el uso de contraseñas rotativas.
El uso de códigos verbales permitió a los traficantes evadir inspecciones en puntos neurálgicos, incluidos los perímetros del aeropuerto de la capital sinaloense. Los flujos de dinero eran transportados en efectivo y entregados en mano a mandos policiales de alto rango, mientras que las represalias contra aquellos funcionarios que rechazaban el pacto económico consistían de forma invariable en homicidios y persecución familiar.
Precedentes de colusión institucional
La problemática descrita en el norte de México refleja un patrón histórico que ha afectado a diversas administraciones y geografías del país. Entre los antecedentes más notorios expuestos por la prensa internacional se encuentran:
- La condena en cortes federales de Estados Unidos contra Genaro García Luna por la recepción de incentivos económicos ilícitos.
- La sentencia penal dictada en contra del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, por nexos de protección criminal.
- La reclusión del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, bajo cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La actual estructura criminal experimenta fisuras internas debido al conflicto armado latente entre las facciones de los "Chapitos" y los "Mayos", sumado al despliegue operativo implementado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras ciertos sectores civiles en Culiacán perciben los procesos judiciales externos como una oportunidad de saneamiento institucional, para los operadores del cártel la pérdida del cobijo político pone en riesgo su permanencia en el mapa delictivo.
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