Joaquín “El Chapo” Guzmán ofreció entregar información sobre la operación del Cártel de Sinaloa al Gobierno mexicano a cambio de ayuda para rescatar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el año 2016. Así lo reveló Renato Sales Heredia, quien se desempeñaba como comisionado nacional de Seguridad durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Sales dio a conocer los detalles de este episodio durante una entrevista concedida para el podcast Penitencia. Según el exfuncionario, la petición del capo llegó hasta el gabinete de seguridad y la Presidencia de la República. Sin embargo, las autoridades determinaron que cualquier dato debía recabarse estrictamente por la vía legal y bajo el resguardo del Ministerio Público, evitando comprometer el proceso judicial que el líder criminal enfrentaba previo a su extradición a los Estados Unidos.
El excomisionado detalló que la reacción inicial del narcotraficante al enterarse de la privación de la libertad de sus familiares fue de profunda angustia. No obstante, al plantearse la estrategia institucional, se estableció que no se realizarían acuerdos informales que pudieran contravenir los protocolos jurídicos federales vigentes.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos que motivaron la reacción de Guzmán ocurrieron el 15 de agosto de 2016 en un restaurante ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, donde hombres armados privaron de la libertad a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar junto con otras personas. Versiones de coacusados e investigaciones periodísticas apuntan a que la liberación posterior se logró tras complejas negociaciones y presiones directas ejercidas desde el penal de máxima seguridad donde se encontraba recluido el líder del Cártel de Sinaloa.
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